El proceso judicial de extradición en México consta de varias etapas. En primer lugar, se lleva a cabo una audiencia en la que se determina si la persona a extraditar es la misma que se busca en el país solicitante y si los delitos por los que se le acusa son punibles en México.
La etapa de inicio de la extradición se inicia cuando el Estado requirente presenta una solicitud formal de extradición al Estado requerido.
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Para muchas personas, la plan de necesitar un abogado puede parecer aterradora, costosa y estresante. Pero la verdad es que, en algunos momentos de la vida, es posible que necesitemos la ayuda de un abogado experto en derecho civil y penal.
Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
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La extradición es una figura jurídica que implica la entrega de una persona a otro país para que sea juzgada por delitos cometidos en ese lugar.
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Finalmente, cabe advertir que en la aplicación de la ley penal en el plano internacional la extradición es de gran valor en el orden político criminal; da singular valor a la aplicación especial de la ley penal, y del marco jurídico supranacional, ya que el sujeto aunque encuentra refugio en un Estado, debe de responder ante otro a través de esta institución; misma que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha visto favorecida porque las relaciones internacionales se han dinamizado, multiplicado y hecho más complejas; y porque el adelanto tecnológico en materia de comunicaciones facilita la información necesaria para que el delito no quede sin castigo.
Desde la perspectiva micro, en el reciente juicio contra Genaro García Luna se estaba juzgando a un individuo, pero desde la perspectiva macro se estaba juzgando a México y el fallo del jurado fue congruente con la strategy que personajes como Trump le han metido a los estadounidenses sobre los mexicanos a los que llamó violadores, asesinos y narcotraficantes al tiempo que dijo que Centroamérica eran solo unos países de mierda.
Más allá de los grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de motor vehicleácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.
Una vez aclarada la posición que guardan los tratados en el sistema de fuentes del derecho mexicano, la autora estudia de manera typical los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en los últimos años, y que se han traducido en el weblink desgaste y debilitamiento del sistema presidencial para dar paso a un sistema más abierto donde los poderes Legislativo y Judicial participan de manera más activa tanto en la vida nacional como internacional de México. Es de destacar el papel que ha asumido el Poder Judicial en materia de extradición, tanto en el caso Cavallo como en la interpretación del artículo 4o.
Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención have a peek here de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Source Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos